Hace quince años el CGPJ rechazó un informe favorable a la ampliación del aborto legal, como recuerda hoy el diario ABC.es, pese al empeño personal de De la Vega, entonces secretaria de Estado de Justicia.
La historia se repite casi milimétricamente, pese a que a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, le falle la memoria. El 23 de julio aseguró que por "primera vez en la historia" el órgano de gobierno de los jueces no podía emitir un dictamen sobre un anteproyecto de ley, concretamente sobre el que recogía la ampliación del aborto.
Sin embargo, los hechos calcaban lo ocurrido hace ya 15 años. Corría el mes de junio de 1994 y el Ministerio de Justicia remitía al CGPJ el texto del anteproyecto de la ampliación del aborto, auspiciado de forma muy activa -curiosa casualidad- por la entonces secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega.
Proponía esa reforma la inclusión de un cuarto supuesto despenalizador que, de hecho, convertía la normativa del aborto en una ley de plazos. A las excepciones previstas en la ley de 1985 se pretendía añadir una cláusula que en realidad facilitaba el aborto libre hasta la semana 12 de gestación: "Por grave conflicto personal, familiar o social para la mujer".
CGPJ dividido
La Comisión de Estudios del CGPJ, por cuatro votos a uno, aprobó un documento favorable. Pero cuando se debatió en el Pleno, el 21 de septiembre de 1994, el CGPJ se partió en dos y fue rechazado por siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, una de ellas del presidente, Pascual Sala. El CGPJ lo componían 15 miembros por culpa de las vacantes que llevaban tres años sin cubrirse por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Así las cosas, el Pleno acordó remitir al Gobierno el informe no aprobado y las explicaciones escritas de abstenciones y votos contrarios.
Al Gobierno de entonces, como al de ahora, le importó poco el varapalo. Joaquín Almunia, a la sazón portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo interpretó como que el Gobierno tenía "las manos libres" para seguir con su intención de ampliar el aborto.
Sin embargo, la estrategia política paralizó las pretensiones del Gobierno. Todo se fue retrasando. El país vivía una crisis económica y unas tasas de paro inquietantes. Había que aprobar urgentemente los Presupuestos y CiU exigió a los socialistas que no llevaran el aborto al Congreso. Así, el Consejo de Ministros tardó un año más en aprobar el proyecto, el 7 de julio de 1995, pero el Gobierno ya no encontró el momento oportuno ni lo apoyos parlamentarios necesarios para su tramitación en el Parlamento.
Todo, como se ve, muy parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo. El CGPJ ha vuelto a dividirse con el aborto como hilo conductor de las desavenencias. La Comisión de Estudios, esta vez, redactó dos informes, el inicial, contrario a las tesis gubernamentales fue rechazado y el segundo, a favor y presentado como enmienda, no pasó el corte del Pleno. Una vez ahí el dictamen recibió 10 votos en contra -uno de ellos el del presidente, Carlos Dívar-, 9 a favor y una abstención.
La reacción del Gobierno rozó, otra vez, el menosprecio. Vino a decir ya estaba decidido de antemano que el texto llegue al Congreso sin tocar ni una coma. Como antaño, el aborto vuelve convertirse en moneda de cambio para negociar los apoyos a los próximos Presupuestos.
- Ley orgánica 9/1985. El 5 de julio de 1985 se despenalizaba el aborto en tres supuestos.
- Anteproyecto de 1994. Incluía la despenalización para un cuarto supuesto: «Grave conflicto personal, familiar o social para la mujer» dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. El CPGJ se partió en dos y no pudo informar sobre la constitucionalidad de la reforma. El Gobierno, pese a aprobarlo el 7 de julio de 1995, no encontró la ocasión para que su tramitación culminara en las Cortes antes de que concluyera la legislatura. El 3 de marzo de 1996 ganaba Aznar las elecciones.
- Anteproyecto de Bibiana Aído de 14 de mayo de 2009. El Consejo Fiscal ha informado en contra y el CGPJ volvió a dividirse sin presentar su informe. Se está a la espera del dictamen del Consejo de Estado.
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