A partir de septiembre deberá estar a la venta sin restricciones de ningún tipo.
REDACCION HO.- La semana pasada la conserjería de Salud de la Generalidad catalana y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña llegaron a un acuerdo para distribuir la "píldora del día después" respetando relativamente el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos que trabajan en Cataluña.
El pacto consistía en que los profesionales que rechacen la venta del abortivo puedan ejercer su derecho a la objeción, a cambio de dar "una buena acogida de la demanda del fármaco" cuando alguien lo solicite, de hacer que la solicitante no "se sienta rechazada o juzgada negativamente", y de informarle obligatoriamente del lugar más próximo donde pueda adquirir la PDD.
Como se puede apreciar, no se trata exactamente de respetar el derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico, pero los profesionales radicados en Cataluña lo aceptaron como mal menor.
Ahora la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, cuestiona el acuerdo porque quiere que la PDD se distribuya sin ninguna limitación y por supuesto sin respetar la objeción de conciencia de los profesionales.
Trinidad Jiménez ha asegurado que el protocolo firmado por la Generalidad y el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña "deberá ser revisado" si dificulta el acceso de las mujeres al abortivo, que deberá estar a la venta en septiembre.
La incipiente polémica entre el Ministerio de Sanidad y la consejería catalana homónima no se centra en quién respeta más la libertad de conciencia de los farmacéuticos, sino en la habitual pugna de competencias y en el "yo llegué primero": la consejera Marina Geli ha presumido de que su región es pionera en la dispensación de este abortorio exprés.
Las declaraciones Jiménez, que se unen a las de su compañero de gabinete, el ministro de Justicia, refuerzan la línea de imposición unilateral de las decisiones del gobierno de los socialistas en el ámbito de las libertades individuales. El PSOE y su gobierno se proponen de esta manera violar la norma constitucional que reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.
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